CULIACÁN._ El pleno del Congreso aprobó por unanimidad punto de acuerdo en que se exhorta al titular del Ejecutivo estatal para que a través de la Dirección de Vialidad y Transporte, aperciba de inmediato a transportistas de otorgar descuentos a personas con discapacidad.
El exhorto también implica “realizar las acciones de inspección y vigilancia, y aplicar las sanciones que pudieran derivar en suspensiones, revocación o extinción de las concesiones, permisos o autorizaciones”.
Al ser presentado por la diputada Roxana Rubio Valdez, se sumó al contenido del mismo la diputada Jesús Angélica Díaz Quiñónez, y la diputada Francisca Abelló Jordá hizo uso de la voz para señalar que falta avanzar.
Expuso que en varios estados del país el transporte público es gratuito para los adultos mayores de edad.
El punto de acuerdo aprobado fue presentado bajo el carácter de urgente y obvia resolución resalta que las personas con discapacidad enfrentan grandes barreras físicas, sociales y económicas.
Ello, les excluye de participar como miembros iguales de la sociedad mexicana y poder desarrollar plenamente su vida cotidiana.
Se indica que personas con discapacidad han denunciado que “por instrucciones de los concesionarios” algunos choferes no les aplican el descuento que por ley tienen derecho.
Se precisa que en la fracción II del artículo 278 de la ley del transporte público se precisa una tarifa preferente para las personas discapacitadas.
Para este caso y otras violaciones a la ley, se indica que hay sanciones que van desde una amonestación y pasa por multa, suspensión, cancelación y anulación de la licencia de conducir.
Par el concesionario la sanción va de la suspensión, revocación o extinción de las concesiones, permisos o autorizaciones.
En el punto de acuerdo se cita parcialmente la agenda mínima de temas prioritarios para atender a este sector de la población emitida por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación:
“La garantía de accesibilidad en los espacios físicos, las escuelas, los transportes, los medios de comunicación, las tecnologías de la información y comunicación y otros ámbitos”.
En el caso del transporte público, se considera que el de Sinaloa “se caracteriza por ser insuficiente, inseguro y discriminatorio”, aun cuando se han hecho esfuerzos para revertir este gran rezago.
Como sustento, se indica que de acuerdo al Coneval, la mitad de las personas con discapacidad viven en situación de pobreza, el 39.4 por ciento vive en pobreza moderada y un 10 por ciento está en pobreza extrema.
“La mayoría de hogares que tienen personas con discapacidad está en los deciles de ingresos más bajos. Hasta 45 por ciento de los ingresos de esos hogares proviene de transferencias oficiales (54.7 por ciento) y de otro tipo (INEGI 2012)”.
También se resalta que en estos hogares el gasto puede elevarse has en tres veces más que en los hogares sin personas con discapacidad por lo que se gasta en cuidados de la salud y alimentos.

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